Las restricciones a las ONG en Perú ponen en peligro la Amazonía y a sus habitantes.
En Perú, la corrupción y la inestabilidad política están alimentando una creciente crisis de inseguridad y violencia. La última convulsión del país, tras la destitución del expresidente Dina Boluarte y el ascenso de José Jerí han abierto la puerta a nuevas leyes que socavan los derechos básicos y debilitan la protección de los pueblos indígenas y la selva tropical que protegen.
¿Cuáles son las nuevas restricciones a las ONG en Perú?
Una nueva enmienda a la ley que rige la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) otorga al gobierno amplios poderes sobre la sociedad civil.
Lo que antes era un organismo técnico que garantizaba la transparencia en la financiación internacional se ha convertido en un filtro político. Según la nueva ley, la APCI puede aprobar o bloquear cualquier proyecto financiado con fondos internacionales. Incluso puede suspender o clausurar definitivamente organizaciones que cuestionen al Estado peruano o amenacen el orden público.
Esta ley afecta a todos los grupos que trabajan con fondos de cooperación internacional, incluidas las organizaciones indígenas que dependen de ellos para defender sus tierras, sus derechos y su futuro. A pesar de su impacto directo, Sin consulta previa Se llevó a cabo otra violación de los derechos de los pueblos indígenas.
Por qué es Importante
Imagina formar parte de un Asháninka Comunidad en el Amazonas. Una mañana, descubres que tu río, aquel del que pescas y en el que te bañas, está cubierto de petróleo. Denunciarlo desencadena una lenta cadena de trámites burocráticos. La justicia rara vez llega.
Durante años, la cooperación internacional ha sido la red de seguridad cuando fallan los sistemas nacionales. Permite a las organizaciones indígenas acceder a asesoramiento jurídico, documentar los daños ambientales y llevar sus casos a tribunales internacionales, como el histórico fallo de La Oroya, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano por la contaminación minera.
Sin este apoyo, las comunidades pierden su defensa más poderosa: la capacidad de buscar justicia.
Silenciando a quienes defienden el bosque
“La Ley APCI nos condena a desaparecer como organizaciones de pueblos indígenas”, advierte Ketty Marcelo de ONAMIAP.
Al prohibir las actividades que “afectan el orden público”, esta ley podría criminalizar a cualquiera que se atreva a criticar la injusticia o defender las tierras indígenas. Amenaza el derecho a organizarse, a expresarse libremente y a proteger la selva tropical.
El Amazonas no será silenciado
A pesar de las crecientes barreras legales, los pueblos indígenas de todo el Perú continúan resistiendo. Cada intento de silenciarlos debilita no solo su soberanía, sino también la lucha global contra el cambio climático.
El Amazonas nos conecta a todos. Apoyar a quienes lo defienden es defender nuestro futuro común.